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Boletín de noticias 13 de enero de 2012
EL TIEMPO
PETRO PROPONE DISCUSIÓN SOBRE ACABAR LAS CORRIDAS DE TOROS EN BOGOTÁ
Afirmó que no es conveniente que haya 'espectáculos alrededor de la muerte en la ciudad'.
En declaraciones divulgadas por la oficina de prensa de la Alcaldía de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro afirmó que buscará “una negociación” con la Corporación Taurina de Bogotá para “modificar las circunstancias que hacen de las corridas de toros un espectáculo alrededor de la muerte”.
Petro, además, planteó darle a la Plaza de Toros La Santamaría usos diferentes a los de hacer corridas de toros.
“Ahí hay un espacio público que debería tener una utilización múltiple en la cultura de la ciudad pero que debería cerrarse a cualquier posibilidad de espectáculo alrededor de la muerte”.
Petro también anunció que no usará el palco que la plaza de toros tiene destinado al Alcalde Mayor. (Lea artículo sobre los empleos que generan las corridas de toros)
“He desistido de nombrar delegado o de que se utilice por derecho el palco de la Alcaldía de Bogotá en la plaza que es de toda la ciudad”, añadió.
El Alcalde Mayor reiteró que es conveniente “que la ciudad empiece a discutir públicamente la presencia de este tipo de espectáculos en la ciudad”.
“Todos los espectáculos, la cultura, el arte alrededor de la vida bienvenida, pero no la que se construye a través de la muerte de animales o de seres humanos”, enfatizó.
Las declaraciones de Petro se producen cuando este fin de semana comenzará la temporada taurina 2012 en la capital.
REFORMA DE LA JUSTICIA Y FUERO MILITAR
Por: Álvaro Valencia Tovar
Se advierte en el Congreso una nueva disposición favorable a considerar el Fuero Militar dentro de la reforma de la Justicia. Igual actitud evidencia el Procurador General.
El escritor León Valencia, en su columna habitual de la revista Semana, pone de manifiesto el desconocimiento del tema del Fuero Militar, su razón de ser y la necesidad jurídica de su existencia dos veces milenaria en la jurisprudencia occidental.
Explicable en él, que combatió contra el sistema democrático colombiano en las filas de la guerrilla, pero lo malo es que la argumentación tendenciosa prolifera en instancias judiciales, organismos de control y en la misma Corte Constitucional.
Quienes con argumentos válidos defendemos la necesidad de una justicia especializada para conocer de actos punibles cometidos por militares, jamás hemos pretendido el ejercicio de un "fuero ilimitado". Simplemente demandamos que se cumpla a la letra el mandato constitucional vigente desde los albores de la República independiente y soberana, consignado finalmente en las Cartas Magnas de 1886 y 1991, vigente en la actualidad: "De los delitos cometidos por militares en servicio y por razón del mismo servicio conocerán los tribunales militares o cortes marciales con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar" (Art. 221, Capítulo 7 "De la Fuerza Pública", Constitución de 1991).
Más claro no canta un gallo, dice el refranero popular. En el caso del oficial violador y según parece asesino de tres niños, mal puede la JPM o quienes la invocamos pretender que no sea la justicia ordinaria la que conozca del caso.El militar en servicio no actuó por razón del mismo servicio, ni cumplía una misión de combate.
Lo mismo ocurre en los llamados 'falsos positivos', delito atroz que en esta columna se calificó en toda su infamia y que no se ciñó a la letra del Artículo citado.
Al arrebatar al Consejo Superior de la Judicatura la facultad constitucional de dirimir las colisiones de competencia entre los órganos judiciales y recurrir al "poder preferente" se le torció el cuello al mandato constitucional y con ello se decapitó virtualmente la Justicia Castrense y se anuló el Fuero Militar, pues uno solo de los órganos en competencia entró a dirimirla sin posibilidad de discusión o réplica.
Ha sido tal el cúmulo de errores e injusticias cometidos en investigaciones y juicios por el desconocimiento de funcionarios sobre el ámbito militar, con imposición de condenas hasta de 45 años a comandantes militares, al paso que a criminales contumaces con decenas de homicidios, violaciones y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario se les imponen penas ridículas de ocho y nueve años que tinterillos y abogados logran reducir invocando razones de orden de regeneración por el trabajo, el estudio y otras gabelas humanitarias a quienes violaron, precisamente, lo que invocan para eludir el peso de la ley.
Se advierte en el Congreso de la República una nueva disposición favorable a considerar el Fuero Militar dentro de la reforma de la Justicia. Igual actitud evidencia el Procurador General de la República.
En mi Clepsidra del pasado 16 de diciembre, que intitulé 'Urgencia del Fuero Militar', me dirigí al honorable Congreso de la República, exponiendo en detalle las razones justificativas para el restablecimiento del Fuero castrense. Terminé diciendo: "Honorables señores congresistas, piensen en sus soldados al legislar".
Hoy reitero, respetuosamente, la misma petición, pero con mayor vehemencia. En pleno conflicto armado, enfrentando peligros para sus vidas e integridad física por defender el Estado de Derecho y la sociedad colombiana, nuestros hombres de armas tienen derecho al respaldo y la protección de ese Estado y esa sociedad que los quiere y admira.
EL ESPECTADOR
ACTUALIZACIÓN DEL POS DEJÓ POR FUERA A ENFERMOS MENTALES
Los hospitales públicos de Bogotá denunciaron que las EPS están negando las autorizaciones de servicios a estos pacientes.
Los nuevos acuerdos emitidos por la Comisión Reguladora en Salud (CRES), y que proponen la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS) con vigencia a partir del 1 de enero de 2012, dejan por fuera la atención integral para los pacientes de programas de salud mental, denunció el senador Carlos Alberto Baena y la representante a la Cámara por Bogotá, Gloria Stella Díaz.
“Con esta medida, y para el caso de Bogotá se verían afectados cerca de 400 pacientes que actualmente están siendo atendidos en los hospitales de Usaquén, La Victoria, San Blas, La Estrella, Santa Clara, Hospital de Kennedy y La Paz, entre otros, a través del programa Hospital Día. Esta cifra, sin contar con los que son atendidos por consulta externa, que varían entre los 300 y los 1.200 pacientes en un mes, según la capacidad hospitalaria”, puntualizaron los congresistas.
En este sentido los hospitales de la Red Pública denunciaron la situación que se viene presentando con las EPS-S frente a la aplicación del acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011. “La dificultad radica en el hecho que las EPS-S están negando las autorizaciones de servicios a los pacientes de Salud Mental, como Consulta especializada, e internación parcial, argumentando que es un servicio NO-POS y desconociendo los artículos 17, 18, 22, 24 y 51 del Acuerdo en mención”.
Según José Rafael Domínguez, gerente del Hospital Santa Clara, “los pacientes y sus familias son devueltos, viéndonos enfrentados a las quejas, maltrato verbal y agresiones de los pacientes y sus familias que no entienden porque después de tener continuidad en el tratamiento en el Hospital de un momento a otro los envían de un lado para otro sin resolver su situación”.
“A los pacientes devueltos por las EPS-S nuevamente se les explica el cambio de normatividad y se re direccionan a la EPS-S, lo que les implica tiempo y costos, situación que vulnera los derechos de los pacientes que de por sí ya son bastante vulnerables frente a su patología mental y situación socioeconómica”, agregó.
Los congresistas de MIRA señalaron que lo más grave del tema es que a pesar de que la actualización del POS empezó a regir el 1 de enero, hay EPS que no están autorizando los medicamentos. “Con las medidas de los nuevos acuerdos los trámites se hacen más dispendiosos; no se garantiza la continuidad en los tratamientos terapéuticos y se prevé un caos en la red hospitalaria del Distrito, en lo que corresponde a la atención de urgencias y consulta externa para pacientes con este tipo de patologías”.
Los parlamentarios hicieron un llamado a la nueva ministra de Salud, Beatriz Londoño, para que a nivel nacional se revise cuántas personas en los hospitales del país quedaron por fuera del servicio médico que atiende esta especialidad. Enfatizaron en que la salud mental no puede ser tratada como el resto de las enfermedades y que no existen cifras unificadas que den cuenta de los casos reportados por salud mental.
EL NUEVO SIGLO
EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Escondido en lo que llaman la tramitología palpita un hálito de reserva del Estado para con el ciudadano. Así, de alguna manera se amuralla como para defenderse de quien, por el contrario, es su servidor. Esa personalidad del Estado colombiano es la que, precisamente, lleva a edificar licencias y permisos por doquier, por cuanto de antemano presume que el ciudadano actúa de mala fe. Todo ello es lo que debe derribarse de inmediato y lo que en buena proporción logra el decreto emitido por el presidente Juan Manuel Santos, que no dejamos de catalogar de revolución en cuanto al cambio en los procedimientos.
Falta, sin embargo, la modificación en las conductas. Es decir, justamente, el sentido de que el Estado está establecido para colaborar con el ciudadano y no, por el contrario, desestimarlo y arrinconarlo. Todo ello nace a su vez en la necesidad de capacitar y mejorar la burocracia, precisamente bajo la consigna de que su jefe es el habitante de la calle y no ningún jefe político, ministro o dependiente estatal. Es obvio que deben guardarse las jerarquías, pero lo es por igual que el gestor real del Estado es el ciudadano común y corriente, no para evadirlo, sino para que él preste los servicios normales a la vida en sociedad.
No suele repararse en el espíritu constitucional al respecto. Pero desde 1991 la Constituyente quiso dar un viraje sustancial en la materia, no desarrollado del todo. En todo caso, de acuerdo con lo establecido allí, las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas. Esta noción, prácticamente textual, sostiene simplemente que la buena fe debe ser el eje gravitante de toda relación entre los asociados y en particular entre éstos y el Estado. Al presumirlo así y elevarlo a rango constitucional, ello ha debido, de inmediato, generar un nuevo teatro en esas relaciones, donde evidentemente los trámites y rémoras eran el obstáculo a desbrozar. No siempre ha sido así y por eso, después de una ingente labor de estudio de seis meses, es positivo que el Gobierno se haya dado a la tarea de quitar las murallas.
Es más, la misma Constitución sostiene por igual, textualmente, que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Este, nada más ni nada menos, es un concepto que debería ponerse en todo vigor, pero que en la gran mayoría de los casos no suele ser talanquera para que las autoridades impongan vertiginosamente trámites de la más variada índole. Y eso que el concepto antecedente está establecido en el capítulo correspondiente a la aplicación y protección de los derechos generales.
Está bien la emisión del decreto por medio del cual se desafectaron los ciudadanos de al menos 1.000 trámites, la mayoría de ellos engorrosos y muchos interpuestos como bueyes cansados en medio de la vía administrativa expedita. La situación, como se dijo, es una revolución a favor del ciudadano, máxime en los tiempos modernos, en los que prepondera la actividad informática y electrónica como elemento esencial. Pero aún más que las derogatorias, que por lo demás impiden coimas y calanchines, dándole prestancia al Estado como entidad servidora que es, se requiere profundizar en ese concepto constitucional de que se presume y debe primar la buena fe en todas las actividades entre los particulares y las agencias gubernativas. Ese criterio de la buena fe ha sido constante en la cultura anglosajona, pero no ha sido herencia de la cultura hispánica o de la dicha malicia indígena, por lo cual ella, la buena fe, debe ser escriturada y notariada al nivel de fe pública. El día en que este criterio se irrigue por todas las arterias del Estado y, a su vez, sea asimilado en toda su excelencia por la ciudadanía, se habrá perfeccionado la verdadera revolución.
REFERENDO DE CADENA PERPETUA DIVIDIRÁ NUEVAMENTE OPINIONES EN CONGRESO
Ante un fallo de tutela que le permite a un individuo sindicado de abusar sexualmente de una menor de 14 años acceder a beneficios por estudio y trabajo para la reducción de su pena, la senadora Gilma Jiménez ratificó que este año insistirá nuevamente en el proyecto de referendo para consultar al pueblo sobre castigar o no con cadena perpetua a los asesinos y abusadores de niños.
Esta iniciativa fue hundida en septiembre del año pasado por la Comisión Primera de la Cámara, luego de que había superador con lo mínimo sus dos debates en la Comisión Primera y la Plenaria del Senado.
La Parlamentaria del Partido Verde justificó su insistencia en este proyecto “porque es una sociedad de dos millones de personas que reclama que actuemos frente a estos hechos”.
La Juez Penal 55 de Descongestión de Bogotá le ordenó al Inpec facilitar que el sindicado ingrese a los programas de reducción de penas de la forma en que lo haría cualquier condenado. Esto a pesar de que la Ley de Infancia y Adolescencia no permite que los condenados accedan a estos beneficios.
Frente a esta decisión judicial, la senadora Jiménez dijo que “llama mucho la atención que el apoderado del sindicado Diego Steven García, quien se encuentra detenido no por un delito, sino por dos, actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo contra menor de 14 años, se anticipe de una forma tan extraña; él está sindicado, no condenado, pero pareciera que está convencido de que lo van a condenar. El mismo abogado del sindicado se anticipa e interpone una acción de tutela que, inferimos, porque no conocemos el fallo de la tutela, que habla del derecho al trato digno y al trabajo; por supuesto que todos los presos tienen derecho a trabajar, es más deberían tener la obligación de hacerlo para ayudarse en su manutención”.
Sin embargo si Jiménez vuelve a presentar este proyecto contará desde ya con la oposición de parlamentarios como Armando Benedetti, quien el año anterior fijó su posición al señalar que “la solución no está en el Código Penal. De nada sirve exagerar las penas si no tenemos una política de educación dentro del Estado que reconozca que este país se degeneró”.
REVISTA SEMANA
LOS MÁS Y LOS MENOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL POS
La Organización Panamericana de la Salud considera que, aunque el nuevo Plan Obligatorio de Salud no satisface todas las necesidades, es un "buen paso" hacia la equidad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) participó este miércoles del lanzamiento oficial del nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS). Ana Cristina Nogueria, vocera del organismo, señaló que aunque la actualización del POS no suple todas las necesidades en salud, es una "oportunidad de costo eficiencia y un paso hacia la equidad".
El nuevo POS, que comenzó a regir el 1 de enero del 2012, fue presentado a inicios de diciembre por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Comisión de Regulación en Salud (CRES).
Ante el anuncio sobre la actualización del plan de beneficios, las comunidades científicas y médicas manifestaron su rechazo. A pesar de que celebraron la actualización como un avance necesario, tras 18 años de promulgada la Ley 100, consideraron que las soluciones al sistema de salud no se acercan a la actualización del nuevo POS.
Mientras el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Salud saliente, Mauricio Santa María, anuncian el nuevo POS como la democratización de los servicios de salud, la Defensoría del Pueblo y los representantes de los pacientes de alto costo se unen a los gremios médicos y también expresan su oposición. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo nuevo de la actualización?
Lo bueno
El presidente Santos explicó que con la instrumentación del nuevo POS y la lucha contra la corrupción, se evitará que unos dos billones de pesos se pierdan en materia de recobros de medicamentos y tratamientos médicos.
"Los recobros en el año 2010 nos costaron 2,5 billones de pesos y si no hubiéramos trabajado para revertir esta tendencia, habríamos llegado a tres billones. Ahora, en el 2012, los recobros serán de más de un billón de pesos, es decir, estamos atendiendo a más gente con mejor calidad, haciendo un mejor uso de los recursos", precisó. En ese sentido, aseguró que la actualización está plenamente financiada y es sostenible.
El mandatario agregó que en el año 2013 entrará en vigencia el Plan de Beneficios Universal, el cual comenzará con la unificación de los planes de beneficios de los ciudadanos de entre 18 y 44 años. Luego, ingresará la población de entre 45 y 59 años.
El jefe de Estado añadió que se busca sanear la cartera vencida acumulada y así mejorar el flujo de recursos, “de manera que los hospitales y clínicas superen sus problemas financieros y puedan prestar un servicio de calidad".
Lo nuevo
La actualización del POS permite que los niños con sordera profunda tengan derecho a un implante de alta tecnología que les permite recobrar la audición.
Las mujeres pueden acceder a procedimientos ginecológicos menos riesgosos para su fertilidad y a métodos modernos para detectar el cáncer de mama. Además, siete millones de mujeres mayores de 18 años pertenecientes al régimen subsidiado tienen acceso al examen de detección de cáncer de cuello uterino.
Tras analizar 350 procedimientos, medicamentos y dispositivos, fueron elegidos 197 nuevos tratamientos.
Con el nuevo POS, se cubren enfermedades de alto costo como diabetes y cáncer. “Los avances no son sólo en diagnóstico de cáncer. El plan de beneficios incluyó medicamentos de última tecnología para el tratamiento del cáncer, que son muy costosos y además eran los más recobrados”, precisó el mandatario.
Para combatir la diabetes, el usuario podrá contar con insulinas más recientes, además de tener acceso al equipo que permite hacer seguimiento a sus niveles de glicemia.
Entre las novedades también está la depuración de trámites. Los afiliados a una EPS que tengan hijos con beneficios hasta los 25 años, no tendrán que acreditar su calidad de estudiantes con certificados.
El presidente Santos indicó que se acabará la ley del silencio. En ese sentido, explicó que los funcionarios que nieguen un servicio de salud deberán manifestar su negativa por escrito y así responderán por su conducta.
Entre los beneficios también se contempla la reducción a 48 horas de la entrega de medicamentos. Si no son entregados, las entidades deberán disponer de mecanismos para hacerlos llegar a los lugares del domicilio o trabajo.
En materia de salud mental, el POS incluye más tiempo de consulta y contempla medicamentos de nueva generación para la depresión. Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, Santos apuntó que el Régimen Subsidiado tiene ahora acceso al ecocardiograma. Para las enfermedades infecciosas, la actualización del POS contempla antibióticos de última generación.
En oftalmología, el presidente anotó que la población de menor capacidad económica y usuarios del régimen contributivo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos tendrán subsidios para las monturas de los anteojos. Finalmente, en odontología, se autorizarán prótesis dentales totales.
Con la actualización del POS, los colombianos sólo necesitarán su documento de identidad para acceder a los servicios de salud. El mandatario explicó que se busca que las entidades incorporen mecanismos que no requieran la presencia del usuario en los trámites de aprobación de autorizaciones o solicitud de citas médicas.
También habrá asignación de citas por vía teléfonica o internet, en máximo tres días, para medicina general y odontología. Estas se realizarán con un formato único. Las citas con médicos especialistas se reglamentarán en los próximos seis meses.
Finalmente, Santos indicó que “ahora será el empleador –y no el afiliado– el que solicite directamente a la EPS las certificaciones de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad”.
Los reparos
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseguró que entre los criterios de selección valorados para incluir 197 nuevas tecnologías en salud se ignoraron "los estudios de tutelas que la Defensoría ha realizado en los últimos 10 años, y en los cuales se identifican los procedimientos, medicamentos y dispositivos médicos más requeridos por los usuarios", como las citas médicas para neuropsicología, los tratamientos de rehabilitación de adicciones, los pañales para pacientes con patologías que los requieran y el angiograma cerebral.
Este miércoles, Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo, anunció que este grupo poblacional entablará tutelas para acceder a medicamentos. En ese sentido, negó que exista una verdadera actualización del POS y se cubran todas las necesidades en salud.
"Definitivamente sigue quedando en deuda el Gobierno con la salud de los colombianos debido a que todavía existen muchos procedimientos y medicamentos a los que sólo tenemos acceso si recurrimos a la tutela o a los comités técnicos científicos", explicó.
Agregó que algunas EPS no entregan los medicamentos contemplados en el POS y aún no se toman medidas al respecto.
Por su parte, Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, reclamó en una entrevista concedida a Semana.com el 7 de diciembre del 2011, que "mantener un esquema de salud en un listado (de enfermedades, tecnologías y medicamentos) no es un remedio a la enfermedad y lo único que hace es perpetuar las dificultades del sistema". Agregó en su momento que su asociación ya le dejó claro a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) que el nuevo POS "no es el camino".
El experto precisó que el sistema de salud debe ofrecer "lo que la persona necesita y hasta cuando deje de necesitarlo" y destacó la importancia de la atención primaria de la salud y la prevención de la enfermedad.
En ese sentido, dijo que el listado de los procedimientos que ofrece el nuevo POS es limitado y que por esa razón, no se garantiza en su totalidad el goce pleno del derecho a la salud.
"La atención primaria en salud es una política de Estado. Si no se previenen las enfermedades, no se hará un desarrollo hacia la salud, sino hacia la enfermedad", concluyó.
RIFIRRAFE EN EL CORAZÓN DE LA JUSTICIA
Las salas Administrativa y la Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura protagonizaron el miércoles un ‘choque de trenes’ luego de que el presidente de la segunda cuestionó el manejo del presupuesto de la primera, tras una serie de hechos que hoy generan distanciamiento.
Un declarada ‘bronca’ se desató el miércoles luego de que el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Henry Villarraga, acusó a la Sala Administrativa y a su presidente (e), Néstor Raúl Correa, de mantener contratos cuestionados por la Contraloría y haber incurrido –en algunos de ellos- en adiciones presupuestales por 11.622 millones de pesos.
El hecho se da luego de que la Administrativa anunció que se negó una solicitud para la creación de 1.006 cargos provisionales motivados en la descongestión de procesos judiciales por 150.000 millones de pesos al año, pedida en diciembre por la Disciplinaria.
Se detuvieron también cinco acuerdos para crear 71 cargos, entre ellos 13 posiciones de magistrados de descongestión y 58 auxiliares, todos autorizados por el presidente saliente de la Administrativa, el magistrado José Alfredo Escobar.
Por otra parte, en lo que se dio a entender como una medida de transparencia, también se ordenó en los últimos días divulgar cuáles fueron los viajes de los altos magistrados en los dos últimos años.
Frente a los contratos, el magistrado Villarraga señaló que los contratos cuestionados son 20, entre los que están la construcción de los palacios de justicia de las ciudades se Mocoa, Cali y Manizales, que ponen en entredicho “la política de transparencia en el gasto” de la Sala Administrativa.
“Todo es una cortina de humo, ya que las adiciones presupuestales no están colgadas en la página y es obligación, según la Ley 1150, que todos los contratos iniciales o adicionales sean publicados con transparencia, pero ninguno está publicado”, dijo.
En el tema de los viajes, Villarraga expresó también que no pueden ser revelados sin que se especifique su motivación, cuando muchos se hacen por dentro de los procesos judiciales o son propios de su actividad y no se trata de simple ‘turismo judicial’. Incluso contraatacó a Correa al acusarlo de viajar en asuntos particulares con dineros del erario.
El corazón de la justicia
Orgánicamente, el CSJ está dividido en dos salas: la jurisdiccional disciplinaria, que se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia. La otra es la administrativa, encargada de atender las necesidades organizativas y de gestión de la rama judicial. De ahí que se pueda afirmar que este rifirrafe se da en el corazón de la justicia colombiana.
Todo el asunto se da cuando aún se recuerda el escándalo de las altas pensiones que se dan en esa corporación, El juez que logra una ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 millones y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.
“Ni yo ni la Sala Administrativa tenemos bronca alguna con la Sala Disciplinaria, distinta desde luego a la que en el día de hoy ha desencadenado el inefable presidente de esa sala”, respondió el mismo miércoles, horas después el magistrado Correa.
“El doctor Villarraga nos solicitó en diciembre la creación de 1.006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a 150.000 millones de pesos anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado, razón por la cual se los negamos, y es lo que al parecer lo tiene molesto”, agregó.
También defendió que los contratos no son firmados por los magistrados ni por la Sala Administrativa. “Éstos son adelantados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Si la Sala Disciplinaria tiene alguna duda sobre el particular, bien puede dirigirse a dicha entidad. En esas condiciones, mal podríamos haber incurrido en irregularidades o adiciones en esta materia”, explicó.
Días atrás, en entrevista con el diario El Tiempo, Correa se había quejado de que debían lidiar “con un tratamiento presupuestal de tercera”.
“Nos dan muy pocos recursos y cuando el año ya está avanzado. En esas condiciones es imposible, por ejemplo, hacer un palacio de Justicia en el tiempo proyectado. Si la plata nos la dan con cuentagotas, las obras se van a hacer de la misma forma, y así se encarece cualquier proyecto”, dijo en esa ocasión.
Frente a sus viajes, el magistrado Correa expresó que si hizo viales para presentar un libro de su autoría acerca de derecho constitucional, pero que ninguno de ellos fue con cargo al presupuesto de la rama. “Ninguno de los dos viajes le costó un solo peso al Estado. Aparte de eso, aproveché de todos modos para trabajar y reunirme con los magistrados de los tribunales seccionales”.
Finalmente, frente a la publicación de los desplazamientos de los magistrados, el presidente de la Administrativa señaló que “no hay nada que explicar. Se trata de una simple relación de costos y viajes, que no configura acusación alguna y que la Sala Administrativa decidió publicar, siguiendo estándares internacionales de transparencia.”